El Departamento de Derecho Ambiental, el cual es supervisado por el Dr. Horacio Rodolfo Belossi, en  defensa de la merluza negra, presentó una demanda colectiva para frenar la pesca ilegal en el Mar Argentino

Los demandantes piden un resarcimiento económico equivalente al valor en el mercado internacional de lo extraído, más otra suma por los daños ambientales ocasionados

En respuesta al escandaloso incidente del buque pesquero TAI AN en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), se ha interpuesto una demanda colectiva, también conocida como “acción de clase”, con el objetivo de salvaguardar el derecho constitucional a un ambiente “equilibrado, propicio para el desarrollo humano y que permita que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones venideras” de los ciudadanos argentinos.

La demanda fue presentada el 4 de abril de 2024 en el Juzgado Civil y Comercial Federal n.° 11, Secretaría n.° 21, por los abogados Daniel Sallaberry, Miguel Araya y Horacio Rodolfo Belossi, actuando en representación de la comunidad argentina. Los demandados son la empresa Prodesur S. A., propietaria del buque pesquero de bandera argentina B/P TAI AN, acusados de realizar pesca ilegal dentro de la ZEEA.

En su escrito, los demandantes exponen que la captura de 175 toneladas de merluza negra se efectuó en flagrante violación de la normativa vigente, ocasionando un daño considerable al ecosistema oceánico argentino. En consecuencia, solicitan que los responsables indemnicen económicamente a “la clase” (en este caso, “toda la comunidad argentina”) por los perjuicios patrimoniales, extrapatrimoniales o morales, así como por el daño punitivo ambiental.

Esta demanda colectiva constituye un hito en la defensa del medio ambiente en Argentina, al sentar un precedente para la protección del ecosistema marino y hacer valer el derecho constitucional de los ciudadanos a un ambiente sano.

La proa del buque pesquero TAI AN.

Con el objetivo de reparar el daño causado y prevenir futuras acciones similares, los demandantes solicitan una compensación económica sustancial que se compone de tres elementos:

  1. Valor de lo extraído en el mercado internacional: Esta compensación busca resarcir el valor comercial de las 175 toneladas de merluza negra capturadas ilegalmente por el buque TAI AN. Se calcula en base al precio de mercado internacional de la merluza negra en el momento de la pesca ilegal.
  2. Monetización de daños ambientales: Se aplicará un modelo de monetización de daños ambientales de uso internacional para determinar un monto adicional que compense el daño ecológico infligido al ecosistema oceánico argentino. Este modelo toma en cuenta factores como la pérdida de biodiversidad, la alteración de los ecosistemas marinos y los impactos a largo plazo en la salud del océano.
  3. Daño punitivo: El Tribunal determinará una cantidad adicional en concepto de daño punitivo, con el fin de disuadir a otras empresas de cometer actos de pesca ilegal en el futuro. Esta sanción busca enviar un mensaje claro de que este tipo de conductas no serán toleradas y tendrán graves consecuencias legales y económicas.

Las indemnizaciones totales obtenidas a través de la demanda colectiva serán asignadas a un Fondo de Compensación Ambiental. Este fondo estará bajo la administración de la Prefectura Naval Argentina y se destinará exclusivamente a:

  • Fortalecer el control de la pesca ilegal: Los recursos del fondo se utilizarán para mejorar la capacidad de la Prefectura Naval para monitorear y patrullar las aguas territoriales argentinas, así como las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. Esto incluye la adquisición de nuevas embarcaciones, tecnología de vigilancia y capacitación para el personal.
  • Proteger el ecosistema marino: Los fondos también se destinarán a proyectos de investigación, restauración y conservación del ecosistema marino argentino. Esto incluye la protección de especies en peligro de extinción, la creación de áreas marinas protegidas y la promoción de prácticas de pesca sostenible.

Los abogados que llevan adelante esta demanda colectiva actúan en representación de toda la comunidad argentina. Consideran que la pesca ilegal del buque TAI AN constituye una violación del derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, buscan proteger este derecho fundamental para las generaciones presentes y futuras.

El barco pesquero llevaba 175 toneladas de merluza negra.

Esta es la segunda acción de clase a nivel nacional en la que “la clase” está constituida por 45 millones de personas. La anterior fue la causa “Giménez Alicia Fanny c/ Monsanto, Bayer etc. sobre transgénicos y agrotóxicos”.

Hay muy pocos casos similares a nivel mundial –si es que hay alguno– que contemplen una clase tan numerosa. Ni siquiera la famosa causa por contaminación con asbesto en Estados Unidos implicó a tanta gente.

Esta demanda colectiva por pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) constituye un hito legal por dos razones principales:

1. Alcance histórico de la “clase”:

  • Con 45 millones de individuos representados, esta es la segunda acción de clase a nivel nacional en Argentina que involucra una clase tan numerosa.
  • La magnitud de la “clase” resalta el impacto generalizado del daño ambiental causado por las actividades ilegales del buque TAI AN.
  • Este enfoque de clase colectiva refleja la naturaleza colectiva del derecho a un ambiente sano y equilibrado, consagrado en la Constitución Nacional.

2. Precedente global en cuanto a la cantidad de personas afectadas:

  • A nivel mundial, son escasos, si no inexistentes, los casos similares que involucren una clase tan numerosa.
  • Incluso la famosa causa por contaminación con asbesto en Estados Unidos no alcanzó la magnitud de esta demanda colectiva.
  • Esta característica excepcional pone de relieve la gravedad de las acciones del buque TAI AN y las repercusiones que pueden tener para las generaciones futuras.

En conjunto, esta demanda colectiva representa un paso crucial en la defensa del medio ambiente y los derechos de los ciudadanos argentinos.